* Ante el Comité para la Protección de los Periodistas
De la redacción CIMAC
México, DF
Felipe Calderón se comprometió ante el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que señaló a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, a federalizar los crímenes contra la libertad de expresión en el país.
En una reunión llevada a cabo ayer por la tarde en la residencia oficial Los Pinos, el presidente de la Junta Directiva de CPJ, Paul Steiger y el director ejecutivo, Joel Simon, le expresaron su preocupación sobre el clima de miedo que restringe la labor de la prensa mexicana y la inquietud ante los violentos y continuos ataques contra las y los periodistas que cubren el crimen organizado y la corrupción oficial.
En un comunicado de prensa, la CPJ señaló que le solicitaron a Calderón que las investigaciones de estos delitos sean una responsabilidad del Gobierno Federal y no de las autoridades estatales y además se impulsen las modificaciones necesarias en la oficina del Fiscal especial para atención a los delitos contra periodistas, para cerciorarse que tenga suficiente autoridad.
Al respecto, durante la reunión el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, informó que en la próxima sesión en el mes de septiembre enviaran al Congreso un proyecto de legislación para corregir el Artículo 73 de la Constitución Mexicana, con lo cual será delito federal todo crimen que cause "alarma social", incluidas las amenazas a la libertad de expresión.
SUGERENCIAS
La organización le presentó a Calderón una lista de los principios para garantizarían la libertad de expresión a todas y todos los mexicanos, como lo establece la Constitución, las sugerencias indican que las leyes para este fin respondan a los estándares internacionales en la materia.
Que el lenguaje utilizado en la redacción de las mismas sea amplio e incluyente, de modo que proteja los derechos de toda la población mexicana, incluidas las y los periodistas, cuya libertad de expresión se ve amenazada, además que tenga una mayor participación de la Federación en perseguir estos delitos.
El comunicado de la CPJ señala que su visita a la Ciudad de México se originó en respuesta a la ola de violencia sin precedentes en contra de los medios de comunicación locales y el fracaso de las autoridades para investigar y procesar los crímenes contra la prensa.
La delegación, integrada por más de diez miembros de la junta directiva, pasó tres días en reuniones con editores, ejecutivos de medios, activistas de derechos humanos y altos funcionarios del Gobierno.
El sábado, el CPJ lanzó el informe especial, "Tres Asesinatos, Sin Justicia", que investiga los casos no resueltos de los periodistas Francisco Ortiz Franco, en Tijuana; Bradley Will, en Oaxaca, y Amado Ramírez en Acapulco. El mismo día organizó un panel para discutir la cobertura del crimen organizado, en el que participaron periodistas del interior, editores y reporteros de la región, entre quienes destacaron Lydia Cacho; Alfredo Corchado, del Dallas Morning News, y Daniel Rosas, del diario El Mañana de Nuevo Laredo.
Según la investigación del CPJ, México es uno de los países más peligrosos para las y los periodistas en América Latina. En los últimos cinco años, al intensificarse la guerra entre los carteles de la droga, periodistas locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico enfrentan graves riesgos.
La CPJ, organización radicada en Nueva York, que se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo, informa que un total de 21 periodistas han caído en México desde el 2000, siete de ellos en represalia directa por su trabajo. Desde el 2005, otros siete periodistas han desaparecido.
México figura en el décimo lugar en el Índice de Impunidad, elaborado por CPJ, una lista de los países dónde periodistas son asesinados de manera recurrente y dónde los gobiernos fracasan en la resolución de los crímenes.
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