Justicia a medias: juez exonera a Granados Chapa, pero condena a Rivera Flores

Article 19 / Cencos
México DF

Más de cuatro años duró el proceso legal contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el escritor Alfredo Rivera Flores acusados por el delito de daño moral por la publicación del libro La Sosa Nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, interpuesto por el diputado priísta Gerardo Sosa Castelán.
Ayer, el juez 29 Civil del Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, exoneró al periodista de toda responsabilidad, pero condenó a Rivera Flores a pagar una cantidad todavía no determinada.
Los procesados libraban este juicio puesto que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alegaba que con la publicación del libro La Sosa Nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, del cual Rivera Flores es el autor y Granados Chapa escribió el prólogo, habían incurrido en un daño moral hacia su persona.
En este litigio también están demandadas las editoriales Miguel Ángel Porrúa y Libraria por publicar el libro y realizar la tipografía respectivamente, además del diseñador de la portada, Enrique Garnica Ortega, y el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña.
En abril de este año varias organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión denunciaron diversas irregularidades en el expediente, como la tramitación lenta e ineficiente de diversos acuerdos, que constan en dicho documento.
El pasado 18 de agosto, Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), señaló la necesidad de indagar una probable dilación en este proceso y más de un mes después fue emitida la sentencia.
Perla Gómez Gallardo, abogada de los demandados, mencionó en un comunicado que el juez determinó que el libro es ilícito y es válida la acusación de agravio a Sosa Castelán.
Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo circular un boletín donde mencionan que el juez condenó al autor sin tener pruebas, además de mostrar su preocupación de calificar como ilícita una obra basada en testimonios y recuentos hemerográficos.
“Acorde a la sentencia del Poder Judicial del DF, será ilícita toda obra que dé cuenta de la actuación de figuras públicas que realizan actividades de interés público, con lo cual, desde la autoridad se ataca la Libertad de Expresión que consagra nuestra Carta Magna y más aun se vulnera el derecho al escrutinio de las autoridades que hacen uso de recursos públicos con lo cual se debilita el derecho democrático a saber”, menciona el comunicado de la CDHDF.
A pesar de todo, el fallo no es definitivo, pues la abogada Gómez informó que apelarán la sentencia por medio de una demanda de amparo ante el TSJDF y un posible pase al Poder Judicial de la Federación.
El texto narra el papel de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Autónoma de Hidalgo donde supuestamente Sosa Castelán construyó su carrera política mientras la presidía.
Article 19 y Cencos hacen un atento llamado a las autoridades, ya que dentro del Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995 (versión en español) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH es competente para calificar cualquier norma de derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que ha asumido al ratificar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La CIDH señaló en dicho informe, que las normas sobre desacato brindan a los funcionarios públicos un grado de protección mayor que el acordado a las personas privadas, lo cual contradice directamente “el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo”. Por consiguiente, los ciudadanos tienen derecho a “criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública”.
En definitiva, las normas sobre desacato restringen el discurso político, porque las personas y las y los periodistas no desean exponerse a recibir sanciones del orden civil o penal. Este tipo de legislación restrictiva limita el discurso, ya que no dan lugar al hecho de que la crítica es opinión y, por consiguiente, no puede probarse.
También la CIDH considera que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatuaria contra los ataques intencionales al honor y la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla.
Es por esto que pedimos a las autoridades involucradas que se garantice la libertad de expresión y el debido proceso en el caso de la demanda que interpuso el diputado Gerardo Sosa Castelán en el proceso que se le sigue al escritor Alfredo Rivera Flores ya que este caso puede sentar un precedente contrario al derecho internacional de los derechos humanos y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
En este sentido, Article 19 y Cencos le recuerda al Estado mexicano su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, aún cuando éste sea amenazado por agentes privados, ya que de ello depende la posibilidad de que la sociedad cuente con información veraz y oportuna sobre asuntos de interés público.

En producción de alimentos, hemos hecho de un año difícil, un año bueno

* Los empresarios del aseguramiento reconocieron al Secretario de Agricultura por su impulso al FONAGA
* Ya se tramita el pago de seguros para 160 mil hectáreas que registran pérdida total por las lluvias atípicas

Opción de Veracruz Virtual
México, DF

Ante directivos de 290 fondos de aseguramiento procedentes de 21 estados del país, el Secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez dijo que gracias al trabajo coordinado entre productores y gobierno, “hicimos de 2008 un año que iba a ser difícil por la apertura total del capítulo agropecuario del TLCAN, un año bueno donde se romperá récord en la producción de alimentos”.
Al inaugurar la Décima Sexta Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, el titular de la SAGARPA afirmó que el futuro del campo es promisorio, ya que ahora se transita del otorgamiento de apoyos, prácticamente a fondo perdido, hacia un sistema de financiamiento integral, donde el aseguramiento de las unidades de producción es fundamental para darle certidumbre a los productores.
Gracias al buen temporal que se ha tenido en el presente año y al trabajo de planeación que se realizó con los gobiernos de los estados, en 2008 seguiremos la tendencia alcista en materia de producción de alimento, explicó.
En los últimos 12 años, la producción nacional de granos pasó de 29 millones de toneladas en 1996, a 38 millones que se estiman al término de 2008, con una perspectiva al 2012 de 42 millones de toneladas. La producción nacional de carne creció de 3.6 millones de toneladas en 1996, a seis millones que se esperan en el presente año y 6.4 millones hacia finales del actual sexenio.
La producción nacional de leche, pasó de 7.6 millones de litros a 10.7 que se tendrán este año y a 11.5 millones de litros del lácteo que se pronostican para el año 2012. Por segundo año consecutivo se rompe récord en la producción nacional de azúcar con más de 5.6 millones de toneladas, cantidad que ofrece un importante excedente para la exportación.
No reconocer todo lo anterior, es como demeritar el esfuerzo y la dedicación de millones de productores, quienes son los que están logrando estas cifras, mientras tanto, el gobierno federal con el apoyo del Poder Legislativo ha incrementado los recursos para el campo de 32 a 64 millones de pesos, por ello “en la Secretaría de Agricultura respaldamos la decisión del presidente Felipe Calderón de darle una mejor utilización al presupuesto para la producción de alimentos y hacer del campo una actividad más humana, más justa y más amigable con el medio ambiente”, destacó el Secretario de Agricultura.
Acompañado por los presidentes del Consejo Nacional Agropecuario y de la Confederación Nacional Campesina, Juan Carlos Cortés y Cruz López Aguilar, el secretario Alberto Cárdenas informó a los más de 600 asistentes al Congreso de Financiamiento y Seguro Agropecuario que como producto de las lluvias atípicas que han azotado en 15 estados del país, se tiene un registro de 160 mil hectáreas con daños parciales, para las cuales ya se están tramitando el pago de los seguros catastróficos correspondientes.
Destacó que pese a la inseguridad de las cosechas por la presencia de fenómenos climatológicos, aún no se arraiga en México la cultura del seguro agropecuario no obstante, para el presente año se programó un presupuesto de 900 millones de pesos, con los cuales se compraron seguros para 5.6 millones de hectáreas, extensión que representa un 133 por ciento más que el año pasado y se aseguraron 3.7 millones de cabezas de ganado.
Los participantes en la citada Asamblea Nacional, reconocieron al Secretario de Agricultura, el hecho de haber propuesto la iniciativa para crear el Fondo Nacional de Garantías para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero, ya que conseguir actualmente un crédito es una situación muy difícil, sin embargo con el FONAGA el productor sólo tiene que aportar el 10 por ciento de las garantías.
Pese a asegurar que el futuro del campo es promisorio, Alberto Cárdenas Jiménez reconoció que “no podemos echar las campanas al vuelo, ya que nos enfrentamos a muchas décadas en que estuvo rezagado y desatendido el campo mexicano”.